La sesión ordinaria del Pleno comenzó con un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de violencia de género y de las personas fallecidas en el accidente ferroviario ocurrido la semana pasada.
El primer punto del orden del día, relativo a la posible adquisición de una acción de TRAGSA S.A., fue retirado del debate. El presidente del Consejo, Olegario Ramón, explicó que, tras una reunión con el Consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León para coordinar la gestión de las brigadas de verano, se inició el procedimiento para que el Consejo pudiera actuar como “medio propio” a través de esta empresa pública. Sin embargo, “desde TRAGSA nos han explicado que legalmente el Consejo no puede adquirir una acción”, indicó Ramón, por lo que el asunto se retira temporalmente para estudiar alternativas, lo que podría obligar a contratar los servicios a través de empresas privadas para la próxima campaña.
El grueso de la sesión se centró en el debate y votación de dos mociones presentadas por el grupo Coalición por el Bierzo (CB). La primera moción pedía que las balizas V-16 de pre-señalización de emergencia no fueran obligatorias. El portavoz de CB, Iván Alonso, argumentó que supone un coste desproporcionado para los ciudadanos y que plantea dudas sobre su eficacia real en todo tipo de vehículos y entornos, y defiende que, si no es obligatorio en otros países europeos, no debería serlo en España. El Partido Popular secundó estos argumentos. El Partido Socialista, en contra de la moción, defendió que la baliza V-16 es un avance en seguridad vial que evita tener que salir del vehículo en carreteras de alta velocidad, reduciendo el riesgo de atropello, y que su señal se integra en los sistemas de gestión del tráfico. Tras el debate, la moción fue rechazada con los votos en contra del PSOE.
La segunda moción, solicitando al Ministerio de Agricultura la defensa de los sectores productivos locales frente a este acuerdo comercial, fue apoyada por todos los grupos. Coalición por el Bierzo y el Partido Popular alertaron de los graves perjuicios que un acuerdo sin las debidas garantías causaría a los agricultores, ganaderos y viticultores bercianos, al enfrentarlos a una competencia desleal con productos que no cumplen los mismos estándares sanitarios, medioambientales y de calidad exigidos en la UE. “No se puede sacrificar el futuro del medio rural ni la soberanía alimentaria”, afirmó el portavoz de CB.
El Partido Socialista, votando también a favor, coincidió en la necesidad de proteger al sector y destacó que el acuerdo actualmente está “paralizado” y que el Parlamento Europeo ya ha incorporado cláusulas de salvaguardia reforzadas para activar medidas de protección rápida si las importaciones causan perjuicio al sector comunitario. La moción fue aprobada por unanimidad.
